El proyecto de ley para blanquear personal
Dispone una serie de medidas que abarcan una importante rebaja de las cargas patronales para aquellas empresas que blanqueen o contraten nuevo personal. También contempla un fortalecimiento de las facultades nacionales de fiscalización laboral y la creación de un registro público de empleadores que incurran en fraude laboral.
Con estas medidas el Gobierno espera regularizar en los próximos dos años cerca de setecientos mil trabajadores que en la actualidad se encuentran en el sector informal.
Para la propuesta se destinarán $ 4.150 millones en beneficios para los empleadores, de los cuales su mayor parte (65%) estará dirigido a las microempresas, con el propósito de facilitar la registración de trabajadores.
El proyecto remitido al Congreso prevé una amplia rebaja de las contribuciones patronales (SIPA, Pami, Fondo Nacional de Empleo, Régimen Nacional de Asignaciones Familiares y Renatea) para aquellas compañías que registren trabajadores informales o contraten nuevo personal.
Los beneficios están determinados por el tamaño de las firmas, y favorecerán en mayor medida a las microempresas de hasta 5 trabajadores (con posibilidad de extenderse hasta 7) que quedarán exceptuadas en forma permanente del pago del 50% de las cargas patronales cuando registren un empleado y siempre que no produzcan bajas en su plantel, no sean sociedades anónimas y no superen cierto nivel de facturación. Además, recibirán como auxilio adicional un límite en las cuotas que cobran las ART, que deberá ser inferior al valor promedio de las cotizaciones del régimen.
La reducción de las cargas patronales también beneficiará por un período de dos años a las pymes y medianas empresas que contraten nuevo personal y siempre que no produzcan despidos. En el caso de las firmas de hasta 15 empleados, quedarán exceptuadas del pago de contribuciones para los nuevos trabajadores durante el primer año de relación laboral y pagarán 25% de las mismas durante el segundo año. En tanto, las empresas de entre 16 y 80 trabajadores ingresarán durante los dos primeros años de relación laboral el 50% de las contribuciones. En contrapartida, la iniciativa recorta las actuales excepciones que gozan las empresas grandes (más de 80 trabajadores), que durante los dos primeros años de relación laboral pagarán el 75% de las contribuciones (actualmente pagan el 50% el primer año y 75% el segundo). En ninguno de los casos las excepciones contemplan un recorte de los aportes al sistema de obras sociales.
Por otra parte, la iniciativa prevé la creación de un registro de empleadores que incurran en delitos de fraude laboral, quienes sufrirán sanciones que irán desde la anulación de subsidios y contratos con el Estado, hasta la limitación para el acceso a créditos de instituciones bancarias públicas. Además, en los casos de reincidencia perderán el acceso a todo tipo de beneficios impositivos.
Respecto al fortalecimiento de las facultades de fiscalización laboral del Ministerio de Trabajo nacional, se establece la creación de una unidad especial destinada a investigar situaciones de trabajo irregular con autoridad para actuar en todo el territorio nacional.